La inspección en seguridad humana, respaldada por un decálogo de buenas prácticas, prospera hacia la gerencia del riesgo de incendios. Esto permite la profesionalización de los inspectores de Bomberos, regula mercados conscientes y educa a la comunidad sobre su responsabilidad en la seguridad y protección contra incendios.
Latinoamérica se mueve y se transforma constantemente; en consecuencia, las principales ciudades en pleno crecimiento y desarrollo industrial, formalización y respuesta productiva también se transforman debido a diversas causas como el desplazamiento de la población rural hacia áreas urbanas, la violencia, el aumento de la densidad demográfica y las migraciones, entre otros; experimentando un aumento en emergencias y catástrofes, generando esferas más amplias de conocimiento que conllevan cambios significativos en sus percepciones del riesgo.
Este panorama trae como resultado el incremento de los riesgos primarios que ocasionan los incendios, requiriendo insumos más precisos para prevenirlos. En este contexto, la reducción del riesgo de incendio emerge como un factor clave, y la operación maestra se convierte en la manera en que los ojos se vuelven más objetivos, cuantificando así el riesgo de incendio.
Colombia se ha convertido en un laboratorio de aprendizaje para generar conocimiento en inspecciones del riesgo de incendios, incorporando a los inspectores de Bomberos como ejes de articulación. Estos profesionales han luchado desde lo informal para posicionarse en roles técnicos y especializados, buscando rescatar el papel de las autoridades.
Cuando hablamos de los fundamentos bomberiles necesarios para realizar inspecciones en seguridad humana y protección contra incendios, es crucial comprender qué estructuras jurídicas designan a los responsables del riesgo de incendio. A continuación, detallo cada uno de ellos, los cuales, establecen una política clara de reducción del riesgo de incendios, tomando como ejemplo a Colombia para los demás países de Latam:
Servicio de Bomberos como servicio público esencial:
El servicio de Bomberos se considera esencial para salvaguardar vidas y propiedades en situaciones de emergencia.
Gestión integral del riesgo contra incendio:
Incluye identificación, evaluación, respuesta, mitigación, control, monitoreo y reporte para abordar todas las fases del riesgo.
Consolidación del cuerpo de Bomberos:
Antes de prestar los servicios accesorios, se debe consolidar al cuerpo de Bomberos como una institución sólida y robusta en sus actividades y acciones.
Importancia de la reglamentación en inspecciones:
La reglamentación es crucial para la formalización de servicios de inspecciones y establece estándares a seguir.
Formalización de la formación académica en seguridad contra incendios:
La formación en todas las áreas, desde directivas hasta asistenciales, regula el mercado y equilibra el desarrollo del sector privado y público, bajo criterios de profesionalización y educación formal especializada.
Elaboración de un código de incendios:
Fortalece la conciencia ciudadana y establece reglas para un mercado en expansión, supervisado por Bomberos.
Políticas de habilitación del servicio bomberil:
Establecen criterios prioritarios para prestar el servicio, adaptándose a necesidades locales y coordinándose con otros organismos.
Intercambio de buenas prácticas en Latinoamérica:
Se convierten en guías de implementación, enriqueciendo estrategias y mejorando estándares de servicio.
Formación estandarizada de inspectores de Bomberos:
Sigue criterios curriculares uniformes para unificar evaluaciones y conceptos finales.
Establecimiento de ferias masivas:
Cruciales para integrar a organismos técnicos, reguladores, proveedores y entidades como la NFPA, aprovechando la ciencia establecida.
Ahora bien, para Colombia, fácilmente se puede describir una línea en el tiempo que comprende un periodo de 10 años, misma que permite evaluar criterios de progresividad sobre los cambios que los bomberos han enfrentado; con situaciones que se pueden ejemplificar, pero también acciones que han manifestado el alto grado de informalidad de los Bomberos, mostrando que el mayor problema de las unidades bomberiles es la debilidad reglamentaria que permita regular estructuras que tienen bajo su responsabilidad; estas instituciones son de carácter público o privado, pero finalmente esa acción de protección de vidas, se puede ver afectada por las estructuras de mando y los intereses que pueden llevar los líderes al mando.
Esto se convierte en un caso de estudio aplicado, con escenarios y metodologías que permiten asegurar que antes de prestar servicios accesorios, como son aquellos relacionados con las inspecciones en seguridad humana y protección contra incendios, deben existir criterios que permitan medir la eficacia del servicio bomberil, como pilares dentro de una estructura de orden institucional.
En lo anterior, también rescato la posibilidad de compartir para los lectores, las buenas experiencias de Colombia y el diseño de la primera política de habilitación del servicio bomberil, que permite medir la forma de prestar los servicios bomberiles bajo una metodología, criterios, territorialización y, sobre todo, la diferenciación que se convierte en una desventaja comparativa, marcada por las inequidades de cada una de las ciudades.
En los últimos 8 años tuve la posibilidad de diseñar los lineamentos de la política de habilitación bomberil para las más de 20.000 unidades bomberiles en Colombia, que germina desde los territorios, dentro del marco de conflicto y articulando criterios de seguridad humana y trabajo comunitario. Dicho escrito puede ser utilizado como modelo para aquellas ciudades que han aprendido con la fuerza del mercado, y para aquellas que requieren ser apadrinadas para conseguir el objetivo final.
Actualmente, Colombia posee 889 Cuerpos de Bomberos Voluntarios, identificados como entidades de carácter privado que funcionan a partir de una sobretasa bomberil (impuesto) aplicado a la industria, al comercio y al predial; dichos cuerpos de Bomberos han evolucionado acorde al crecimiento de estos aportes, es así como la política de habilitación del servicio bomberil permite diferenciar los servicios y los criterios para medir su eficiencia, de manera territorial y certificada, a través de una entidad de carácter nacional y oficial.
Lo interesante del tema, es que permita entregar parámetros diferenciados, teniendo aspectos demográficos, de migración, de frontera, rurales, limítrofes, costeros, de conflicto armado, de sectores agropecuarios, aspectos económicos populares, inclusión, poblaciones raciales, zonas industriales, zonas comerciales entre otros.
Los criterios son creados para disminuir brechas, pero al mismo tiempo se forman para que la protección de la vida y los bienes estén por encima de todo, acoplándose a los criterios sostenibles, pero también a los indicadores que actualmente el mundo del aseguramiento está exigiendo, los llamados indicadores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) fundamentales para cambiar la armonización de los actores involucrados.
Es así como incentivamos y motivamos a los cuerpos de Bomberos de ciudades capitales, pero además empujamos a los municipios pequeños en Colombia que tienen casi 600 cuerpos de Bomberos, y resaltamos una selección de 10 instituciones, que se han puesto la camiseta, pero a través de los esquemas de disciplina operacional, parámetros totalmente exigibles para que la reducción en los territorios sea una realidad de trabajo en el país.
Todo lo antes mencionado termina por convertirse en piezas de transacción que permiten medir: nivel de cumplimiento, educación y protección frente al riesgo de incendios, creando un kit completo de herramientas, denominado kit de aseguramiento de la actividad bomberil, y está diseñado para cada municipio y su categoría, acorde a sus recursos y necesidades, siendo parte de nuestro producto final en la llamada Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo de Incendios, de la Comisión Asesora de Colombia, misma que actualmente lidero, permitiendo medir y evaluar la calidad de los datos, recolectados, pero además estableciendo criterios transaccionales con las aseguradoras dentro de su rol operativo, asegurador y financiador.
En conclusión, la inspección en seguridad humana, respaldada por un decálogo de buenas prácticas, prospera hacia una evaluación integral de datos y criterios relevantes para reducir el riesgo de incendios denominado gerencia del riesgo de incendios, que antes de pensar en prestar servicios al exterior deben existir criterios que aseguren sus acciones al interior. Esto permite la profesionalización de los inspectores de Bomberos, regula mercados conscientes y educa a la comunidad sobre su responsabilidad en la seguridad y protección contra incendios, siendo piedra angular en la planeación y modernización de ciudades, y sobre todo, en la reglamentación, abonando terreno para la generación de códigos de incendio.
