La implementación de normativas en protección contra incendios y seguridad humana es crucial para la seguridad de las edificaciones y la reducción de riesgos en desastres. En Colombia, se propone un Código Nacional de Seguridad Humana y Protección contra Incendios para complementar regulaciones existentes y alinearse con estándares internacionales. Otros países, como Estados Unidos, Japón y Chile, también tienen regulaciones sólidas en estos campos.
La implementación de normativas específicas en protección contra incendios y seguridad humana es esencial para garantizar la seguridad de las edificaciones y reducir los riesgos en caso de desastres. Con el fin de hacer un comparativo de la normativa colombiana en estos ámbitos con la de otros países que han implementado instrumentos regulatorios similares, podemos identificar algunos aspectos clave.
Para Colombia, la propuesta de un Código Nacional de Seguridad Humana y Protección contra Incendios, busca complementar la Norma Sismo Resistente NSR10 y alinearse con la Ley de Vivienda Segura, enfocándose en aspectos como la protección contra incendios, evacuación segura y resistencia estructural ante amenazas diversas. Colombia reconoce la importancia de abordar estas áreas para mitigar riesgos y promover la resiliencia.
Dicho código, no solo se basa en las regulaciones colombianas existentes, también toma en consideración las mejores prácticas internacionales y las normativas vigentes en otras regiones, especialmente en América. Esta incorporación garantiza que el código esté respaldado por estándares reconocidos y probados a nivel global, lo que en última instancia mejora la calidad de las construcciones y la seguridad de los ocupantes.
En los Estados Unidos, diversas regulaciones a nivel estatal y municipal tratan sobre la seguridad contra incendios y la protección humana. La norma NFPA 101: Código de Seguridad Humana de la National Fire Protection Association, establece pautas integrales para la seguridad humana en edificaciones. Además, el Código Internacional de Edificación (IBC) y el Código de Protección contra Incendios (IFC) ofrecen directrices específicas en estos ámbitos, adaptadas a las condiciones locales.
Japón, un país con alta sismicidad, ha implementado regulaciones integrales de seguridad humana y protección contra incendios. El "Building Standard Law" (Ley de Normas de Construcción) establece criterios de diseño y construcción que incluyen resistencia sísmica, seguridad contra incendios y accesibilidad. Además, el "Disaster Countermeasures Basic Act" (Ley Básica de Contramedidas ante Desastres) guía la planificación y preparación para desastres, promoviendo la seguridad de las edificaciones y la protección de vidas.
Chile, también propenso a terremotos, ha desarrollado regulaciones sólidas en seguridad humana y protección contra incendios. La norma NCh 433-1996 aborda los aspectos de diseño estructural y resistencia sísmica, mientras que la NCh 2369-2010 establece requisitos para la seguridad contra incendios en edificaciones. Estas normas son parte integral de la construcción y promueven una mayor resiliencia ante amenazas.
Aunque la normativa en protección contra incendios y seguridad humana varía según los países, todos reconocen la importancia de regulaciones específicas para prevenir riesgos y reducir desastres. Por ello, Colombia toma medidas significativas al proponer el Código Nacional de Seguridad Humana y Protección contra Incendios, lo cual, alinea al país con estándares internacionales y regionales en la construcción segura. La comparación con países como Estados Unidos, Japón y Chile muestra que la creación de normativas específicas es fundamental para promover la seguridad de las edificaciones y la protección de vidas en situaciones de riesgo.
Este código busca llenar un vacío regulatorio al enfocarse específicamente en aspectos relacionados con la seguridad humana y la protección contra incendios. Si bien la NSR10 aborda los aspectos sísmicos de la construcción, el nuevo código ampliará la cobertura normativa para abordar una gama más amplia de amenazas.
Implementar procesos regulados para la verificación e inspección de estructuras es fundamental para garantizar la seguridad de las edificaciones en Colombia. Los capítulos J y K de la Norma Sismo Resistente NSR10 abordan la evaluación de estructuras existentes y nuevas, respectivamente. Estos capítulos establecen pautas claras para evaluar y mejorar la resiliencia estructural y sísmica de las edificaciones, así como para la modernización y adecuación de construcciones antiguas. La Ley de Vivienda Segura, decreto 282 de 2019, establece la obligación de contar con infraestructuras resilientes que minimicen los riesgos para los ocupantes. El Código Nacional de Seguridad Humana y Protección contra Incendios, al alinearse con esta ley, contribuye directamente a la implementación efectiva de estándares de en la construcción de viviendas y edificios.
La implementación de este código tiene el potencial de tener un impacto transformador en la industria de la construcción en Colombia. Las estadísticas muestran que los incendios en edificaciones y las deficiencias en la seguridad estructural son factores que contribuyen significativamente a la pérdida de vidas y propiedades en desastres. De tal manera que, al proporcionar pautas claras y específicas para la seguridad humana y la protección contra incendios, se reducirán los riesgos asociados con los desastres naturales y se aumentará la resiliencia de las edificaciones.
El Código Nacional de Seguridad Humana y Protección contra Incendios no solo establece directrices para la construcción segura, sino que también contribuye al conocimiento y la educación en seguridad estructural. A través de la difusión de información sobre prácticas constructivas seguras y la incorporación de tecnologías de vanguardia, el código fomenta una mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad en la construcción y su impacto en la reducción de riesgos de desastres.
Ahora bien, el rol de inspectores de seguridad cualificados es esencial para garantizar la implementación efectiva de los procesos de verificación e inspección. Estos profesionales deben estar capacitados en metodologías de inspección y tener un conocimiento profundo de los estándares y regulaciones vigentes. La formación continua y la actualización son fundamentales para mantenerse al día con los avances en la industria de la construcción y en la tecnología.
La incorporación tecnológica en la inspección de estructuras es un avance clave. El uso de herramientas como drones, escáner láser y software de modelado estructural permite una evaluación más precisa y eficiente. Estas tecnologías facilitan la identificación de posibles deficiencias y la toma de decisiones informadas para las mejoras requeridas.
Establecer una fórmula tarifaria coherente y transparente para las inspecciones es fundamental para garantizar la sostenibilidad financiera de los procesos de verificación. Estas tarifas deben considerar factores como el tamaño y complejidad de la estructura, el tipo de inspección requerida y los recursos necesarios para garantizar la calidad de la evaluación.
Resulta importante saber que la recopilación y almacenamiento de datos relacionados con las inspecciones y evaluaciones de estructuras forman un reservorio de información valioso. Este repositorio permite llevar a cabo un análisis de vulnerabilidad nacional frente a las estructuras existentes, lo que facilita la identificación de áreas de riesgo y la planificación de acciones de mitigación. La información recopilada también puede ser útil para la toma de decisiones a nivel gubernamental y de políticas públicas.
La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) desempeña un papel primordial en la implementación del Código Nacional de Seguridad Humana y Protección contra Incendios. Como entidad líder en el sector, la DNBC supervisa el cumplimiento normativo, aportando experiencia y autoridad. Su participación en la elaboración del código enriquece las regulaciones con perspectivas prácticas y realistas. Además, la DNBC contribuye a la construcción de planes de respuesta específicos ante desastres, aprovechando su conocimiento sobre riesgos en edificaciones. Su liderazgo fortalece la construcción segura y la capacidad de respuesta del país.
Por otra parte, es fundamental reconocer la importancia de la participación gremial en la elaboración del citado un código, ya que estos gremios representan a los diseñadores, consultores, comercializadores, distribuidores e instaladores de sistemas relacionados con la seguridad y la prevención de incendios. Su experiencia y conocimientos son esenciales para garantizar que las regulaciones sean prácticas, realistas y aplicables en la vida cotidiana. ANRACI, deberá jugar un papel de articulador y garante de la asertividad de dicho instrumento normativo.
Aunado a ello, las empresas del sector de la construcción tienen una importante responsabilidad social empresarial (RSE) en la promoción y adopción de buenas prácticas constructivas alineadas con la seguridad humana y la protección contra incendios. La RSE implica ir más allá del cumplimiento normativo, enfocándose en contribuir positivamente a la sociedad y el medio ambiente. Al implementar medidas de seguridad y resiliencia en sus proyectos, estas empresas no solo protegen vidas y propiedades, también fortalecen su reputación y compromiso con la comunidad.
Otra de las esferas importantes es la academia, misma que desempeña un papel preponderante en la formación de profesionales en áreas afines a la construcción. La inclusión de conceptos de seguridad humana y protección contra incendios en los planes de estudio proporcionará a los futuros arquitectos, ingenieros y otros profesionales las bases fundamentales para diseñar y construir edificaciones seguras y resilientes. La colaboración entre la academia y el sector empresarial, como partícipes activos en la actualización normativa, crea un entorno en el que la formación y la práctica están alineadas con los estándares de seguridad más recientes.
La Ley 1575 de 2012, en Colombia, establece las responsabilidades de las alcaldías, los cuerpos de bomberos y el Ministerio de Vivienda y Hábitat en la gestión de riesgo de desastres y la protección de la vida y los bienes. Esto incluye la realización de inspecciones y verificaciones en edificios para garantizar su seguridad, incluyendo la prevención y control de incendios. Estas inspecciones son un componente crucial para identificar posibles riesgos y asegurar el cumplimiento de normativas.
Dentro del entramado, las curadurías, como entidades encargadas de otorgar licencias de construcción y aprobar diseños, juegan un papel esencial en garantizar que las edificaciones cumplan con las normas de seguridad humana y protección contra incendios. Es responsabilidad de las curadurías revisar minuciosamente los diseños y asegurarse de que se ajusten a las regulaciones vigentes. Asimismo, deben verificar que la ejecución de las obras sea coherente con los planos aprobados.
En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es el ente rector para la gestión integral de riesgo de desastres. La UNGRD despliega estrategias y políticas que promueven la prevención, mitigación, preparación y respuesta ante desastres. En este contexto, la UNGRD también tiene un rol fundamental en la promoción de prácticas constructivas seguras y la implementación de medidas de protección contra incendios y seguridad humana.
Con el propósito de contar con una metodología participativa para el diseño y la implementación del Código Integral de Seguridad Humana y Protección contra Incendios. Se recomienda un proceso participativo, que involucre a diversos actores, como entidades gubernamentales, el sector privado, instituciones académicas y agentes internacionales. El enfoque participativo permitirá generar consenso, considerar múltiples perspectivas y desarrollar un marco normativo sólido y efectivo. A continuación, se detallan las etapas de esta metodología sugerida:
- Planificación y definición del alcance.
- Investigación y recopilación de información.
- Talleres de consulta inicial.
- Grupos de trabajo temáticos.
- Desarrollo de propuestas.
- Consulta pública ampliada.
- Integración y consenso.
- Revisión y refinamiento.
- Validación y aprobación.
- Implementación y monitoreo.
- Divulgación y sensibilización.
En la etapa de implementación es indispensable generar campañas de sensibilización y formación, para que los actores relevantes comprendan y adopten las nuevas regulaciones.
Vale la pena redundar en que la metodología propuesta busca fomentar la colaboración y la participación de todos los actores clave en la creación de un marco normativo integral y consensuado que garantice la seguridad humana y la prevención de incendios. La inclusión de diversas perspectivas enriquecerá el proceso y aumentará la probabilidad de éxito en la implementación y cumplimiento de las ordenanzas.
